El brote de la COVID-19 se está extendiendo en América Latina y el Caribe. A pesar de la preocupación por el subregistro y la falta de pruebas de contagio, el virus se ha extendido rápidamente por toda la región. Aunque la mortalidad general por cada 100.000 habitantes sigue siendo inferior a la de países desarrollados1, las perspectivas de supervivencia tras contraer la COVID-19 son preocupantes. La mortalidad en los casos confirmados en varios países es superior a la de Estados Unidos y no está tan lejos de las de Italia o España. La COVID-19 no ha hecho más que sumarse a la actual lucha contra los brotes de sarampión y dengue en la región, que se ha convertido en un problema de salud pública.
Las prioridades políticas a corto plazo tienen como objetivo contener el impacto social y económico, centrándose en frenar el contagio y gestionando al mismo tiempo las extraordinarias demandas del sistema sanitario. Se requiere una acción decisiva en varios frentes simultáneamente, ya que de lo contrario la lucha contra el virus y la posterior recuperación corren el riesgo de sufrir grandes retrocesos, alimentando lo que López-Calva identifica como un "ciclo de auto-refuerzo entre el coronavirus y la desigualdad".2
Los impactos económicos de la pandemia son visibles
A pesar de las diferencias en los resultados individuales, la pérdida de actividad económica para 2020 en la región oscila entre un conservador -1,8% y un -4,0% o menos, uno de los peores registros desde la Segunda Guerra Mundial.3
La COVID-19 está agravando las turbulencias financieras que la región ha experimentado incluso antes del brote. Las perturbaciones en el lado real de la economía le siguen de cerca. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es probable que la desaceleración global derivada de la COVID-19 afecte a la región a través de cuatro canales principales. En primer lugar, una pérdida significativa del dinamismo económico de sus principales socios comerciales, a saber, China, Estados Unidos y Europa; en segundo lugar, el desplome de los precios de las materias primas; en tercer lugar, una caída significativa de la demanda de servicios de turismo y transporte; y en cuarto lugar las perturbaciones en la actividad industrial mundial y en el funcionamiento de las cadenas globales de valor.4
En aras del espacio, centrémonos en el tema de la industria en particular.5 La evidencia emergente indica la heterogeneidad de la disrupción entre industrias y empresas. Por ejemplo, en Argentina las actividades vinculadas al ocio y el deporte o las industrias de muebles, calzado y afines cerraron casi inmediatamente después de la adopción de medidas preventivas contra la COVID-19. En cambio, el procesamiento de alimentos, la producción de productos sanitarios básicos y las actividades relacionadas -envasado, logística y laboratorios para la seguridad alimentaria- siguen funcionando, junto con las actividades relacionadas con la energía (extracción de petróleo) y las telecomunicaciones.
En República Dominicana, las zonas francas industriales, el sector exportador más fuerte del país (que representaba alrededor del 3,2% del PIB en 2019) redujo sus operaciones a alrededor del 10%, aunque la fabricación de dispositivos médicos continúa. Por otro lado, la manufactura nacional, que representa el 10% del PIB, podría estar entre las industrias menos impactadas ya que sus niveles de operación se mantienen por encima del 50%. La paralización de las actividades de construcción también está afectando a las actividades de minería y canteras no metálicas (que suponen alrededor del 1,8% del PIB).
En México, cuarto productor mundial de automóviles, la industria automotriz constituye la fuente más importante de divisas y encabeza los esfuerzos de modernización industrial. El brote de COVID-19 ha detenido las operaciones de las plantas de ensamblaje a pesar de que los fabricantes de automóviles ya estaban experimentando una tendencia a la baja en su ciclo de negocio, lo que ha hecho necesaria una suspensión parcial de las operaciones, recortes salariales, planes de jubilación anticipada, vacaciones obligatorias y otras medidas de ahorro de empleo. Es posible que después de la COVID-19 surja una configuración diferente de la industria automovilística, ya que la recesión económica mundial retrasa la recuperación de la demanda de automóviles.6
¿Cómo proteger la economía y fomentar la recuperación en un entorno que evoluciona rápidamente?
La política fiscal debe seguir siendo una prioridad con un respaldo suficiente de recursos para maximizar el impacto. Existen planes de emergencia económica en toda la región, pero su aplicación y eficacia siguen siendo objeto de debate. Además del limitado espacio fiscal, la percepción de una lenta capacidad de respuesta, especialmente en algunas de las economías más grandes, como Brasil y México, ha retrasado las respuestas a la COVID-19. Varios países del Caribe aún no han formulado respuestas políticas precisas, pero se han puesto en marcha estímulos fiscales, incluida una reasignación de los recursos presupuestarios existentes.7
De cara al futuro, los gobiernos de la región podrían considerar el siguiente conjunto de acciones para mitigar los riesgos derivados de la pandemia:
En primer lugar, evitar la falsa dicotomía entre proteger a las personas o la economía. La informalidad, la desigualdad y la pobreza hacen que las medidas para contener el virus sean aún más problemáticas. Países como Bolivia, Chile y Ecuador han impuesto severas multas e incluso han ordenado a las fuerzas de seguridad pública que garanticen el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y cierre social. Brasil, Nicaragua y México han sido más lentos, se han mostrado abiertamente reticentes o han adoptado solo vagamente respuestas a la COVID-19. Muchos medios de subsistencia dependen de la economía informal o de actividades económicas formales que proporcionan salarios diarios. Mantener e incluso ampliar las transferencias directas de efectivo, ampliar las capacidades sanitarias y los programas de distribución de alimentos como los introducidos en Bolivia, Brasil, República Dominicana, México y Perú ayudan a aliviar la carga de los pobres.
En segundo lugar, esto no debe impedir que se tomen medidas para salvar la economía y maximizar la supervivencia de las empresas y el empleo. El apoyo a la liquidez y a la reestructuración de la deuda, el aplazamiento de los pagos de las facturas de los servicios públicos, el reparto de la nómina y el alivio de la carga fiscal de las personas y las empresas deberían contener los impactos negativos, especialmente en la sólida base de las pequeñas y medianas empresas (PYME), que operan a menudo en los mercados informales y a menudo no pueden permitirse interrumpir sus operaciones, ni siquiera durante períodos de corta duración. Medidas similares deberían ayudar a las empresas formales a capear los choques inmediatos y ganar tiempo para emprender las transformaciones organizativas necesarias. De lo contrario, el consiguiente aumento del desempleo y la pérdida de ingresos personales y empresariales podrían agravar la pobreza y dificultar las futuras inversiones productivas. Ya sea para proteger a las personas o a las empresas, las medidas de apoyo de emergencia de la COVID-19 deben evaluarse una vez que la crisis haya terminado para evitar los problemas de captura, de parasitismo y de retorno al status quo anterior.
En tercer lugar, las políticas impulsadas por la demanda, como la contratación pública estratégica, podrían ayudar a combatir la COVID-19 y a reactivar una recuperación económica inclusiva y sostenible. Varios países de la región han introducido flexibilidad normativa para permitir los contratos directos e incentivar a las empresas a reutilizar la producción o fomentar la fabricación nacional de suministros sanitarios básicos. Iniciativas similares contribuirían a una recuperación sostenible y equitativa, aprovechando las experiencias de la región. Por ejemplo, la adquisición conjunta de medicamentos esenciales en América Central, las reformas normativas para fomentar la reorganización de los mercados de productos genéricos en Brasil y México, o la compra de productos a empresas dirigidas por mujeres en República Dominicana.8
En cuarto lugar, movilizar a las oficinas nacionales de estadística para que informen y supervisen las intervenciones durante y después de la COVID-19. La CEPAL afirma que la incertidumbre está obligando a los gobiernos a experimentar y aprender mientras luchan contra la COVID-19.9 El aprendizaje debe seguir una estructura mínima y tener en cuenta la necesidad diferenciada de apoyo político entre industrias y empresas. Los fabricantes de productos de relevancia inmediata para la lucha contra la COVID-19 -instrumentos y suministros médicos, productos farmacéuticos y otras industrias- están luchando para hacer frente a un repentino aumento de la demanda y pueden sacar provecho del brote. La situación será diferente para otras empresas, dependiendo del punto en el que se encontraban en el ciclo empresarial antes del brote de COVID-19, la gravedad de la interrupción a corto plazo de sus actividades y sus perspectivas de recuperación. Los gobiernos con capacidades de planificación limitadas deberían explorar la posibilidad de asociarse con entidades académicas y privadas para producir estos instrumentos de seguimiento y diseñar intervenciones políticas.
En quinto lugar, movilizar estratégicamente las capacidades científicas y tecnológicas nacionales para complementar las capacidades sanitarias y productivas. En Argentina, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCYT) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) han creado una unidad especial de investigación, COVID-19 MINCYT-CONICET, para desarrollar diagnósticos y proporcionar asesoramiento epidemiológico y prospectivo. En Brasil, Finep-Fapesp, EMBRAPII, el Ministerio de Salud y otras entidades persiguen objetivos similares, mientras que en Uruguay, la Universidad de la República, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y los Ministerios de Salud Pública y de Industria, Energía y Minería, respectivamente, apoyan diversas iniciativas para movilizar la investigación local en la lucha contra la COVID-19. Argentina, Brasil, México, Uruguay y otros países de la región han lanzado convocatorias de propuestas de investigación directamente relacionadas con la lucha contra la COVID-19. Deben explorarse las iniciativas a escala regional, incluso aprovechando las iniciativas de ciencia abierta como ProCiencia en México.
Por último, es urgente reforzar el liderazgo, la coordinación y el poder de decisión dentro de los países y en toda la región. La elaboración de políticas en tiempos de crisis puede comprometer el capital político, ya que muchas de las intervenciones necesarias pueden percibirse como duras e impopulares. Los jefes de Estado pueden liderar la respuesta o convertirse en un lastre. Para luchar contra la pandemia de la COVID-19, la región necesita consensos políticos más fuertes, enfoques decisivos de todos los gobiernos y la participación de múltiples partes interesadas. La eficacia de las políticas se diluye en ausencia de consenso y coordinación entre los gobiernos federales y regionales, ya sea por las percepciones divergentes de la gravedad de las crisis relacionadas con la COVID-19 o por la urgencia de aplicar medidas para proteger la salud de las personas y la economía. Los gobiernos deberían comprometerse a desarrollar mecanismos de verdadera colaboración que permitan a los socios públicos y privados explorar respuestas políticas conjuntas según las necesidades a corto plazo, y estrategias de recuperación a más largo plazo que incluyan programas tanto para las empresas como para los empleados. Para ello sería necesario reforzar los poderes de decisión y ejecución de las comisiones de alto nivel, los órganos consultivos o los grupos de trabajo existentes encargados de coordinar los esfuerzos contra la COVID-19.
¿Más fuertes juntos?
La lucha contra la COVID-19 pone de manifiesto las relaciones de poder asimétricas a nivel mundial entre países, así como entre países y empresas transnacionales. Los gobiernos de todo el mundo están introduciendo prohibiciones parciales o totales al comercio de suministros relacionados con la COVID-19, o están invocando poderes especiales para incitar a las empresas a reconvertir la producción y aumentar el suministro local. Aunque las empresas multinacionales con sede en países en desarrollo pueden beneficiarse de este aumento de la demanda, muchas acabarían contribuyendo poco a la lucha contra el brote en los países de acogida. En México, esta situación ha llevado a un gobierno local a cerrar las operaciones de un fabricante de respiradores cuya prioridad era la exportación a Estados Unidos.10 Los servicios sanitarios cubanos suponen un alivio para los países de la región11, pero los países de la región tienen que hacer más para reforzar la colaboración interregional como medio de obtener recursos cruciales para luchar contra la COVID-19 y facilitar una recuperación ordenada después.
Centrarse en el desarrollo de la resiliencia a mediano y largo plazo
En el futuro, los fenómenos extremos como la COVID-19 seguirán penalizando a los que no estén preparados. Los gobiernos de la región tienen que abordar las inversiones en salud, innovación y capacidades productivas, que llevan mucho tiempo pendientes, y que pueden contribuir a reforzar la resiliencia social y económica. Los datos de la ONUDI sobre la adición de valor a la manufactura y la competitividad industrial documentan que la manufactura en América Latina está retrocediendo en relación con otros países en desarrollo -principalmente en Asia- lo que aumenta el riesgo de una dependencia excesiva de fuentes únicas para suministros médicos esenciales, entre otros.12 Si bien las perturbaciones del mercado pueden impulsar la innovación, las empresas y los países deben invertir en las capacidades tecnológicas y productivas necesarias. La COVID-19 representa retos aún mayores para una región caracterizada por una subinversión crónica en ciencia, tecnología e innovación, y por lagunas estructurales en la colaboración entre la investigación y la industria. La pandemia también supone un reto para la gobernanza democrática y ofrece la oportunidad de desarrollar nuevos enfoques de múltiples interlocutores para crear consenso, informar sobre el diseño de políticas y su implementación.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores, basadas en su experiencia y en investigaciones previas, y no reflejan necesariamente las opiniones de la ONUDI (leer más).
