Muchas naciones están implementando estrategias para hacer frente a los efectos del cambio climático, tanto dentro de sus fronteras como en el ámbito internacional. El cumplimiento de normas y requisitos ambientales se ha convertido en una condición indispensable para participar en el comercio mundial.
Sin embargo, algunos países se encuentran en desventaja frente a esto. Particularmente los países en desarrollo, que dependen de las exportaciones de commodities sensibles al clima, a menudo carecen de los recursos y capacidades necesarias para cumplir con estas condiciones, lo que amenaza su participación en el comercio internacional. Este artículo se centra específicamente en los países de América Latina y el Caribe (ALC) y analiza qué se puede hacer para afrontar los retos que tienen por delante.1
La Regulación Europea sobre Deforestación y su impacto en las perspectivas comerciales de ALC
En junio de 2023, la Unión Europea (UE) adoptó una importante regulación sobre cadenas de suministro libres de deforestación (DFSC). La normativa, que entrará en pleno vigor el 30 de diciembre de 2024, estipula una serie de productos clave que tendrán que ser libres de deforestación para poder entrar en el mercado de la UE. Estos incluyen materias primas - soja, bovinos domésticos, aceite de palma, madera, caucho, cacao y café - así como productos derivados como el papel y el chocolate.2 Aunque el DFSC no prohibirá el comercio de estos commodities, exigirá una rigurosa debida diligencia a todas las empresas que las exporten o importen al mercado de la UE. Los importadores europeos tendrán que declarar que sus productos proceden de zonas que no han sido deforestadas luego del 31 de diciembre de 2020.
Esta regulación podría tener un impacto sustancial en los países de ALC, ya que los commodities son centrales en el comercio bilateral de la región con la UE, muchos de los cuales están sujetos a la normativa DFSC (en adelante, "productos sujetos al DFSC"). Como se ilustra en la siguiente figura, Brasil fue su mayor exportador en 2022, con mercancías por un total de 19.000 millones de dólares, seguido de Argentina (4.600 millones de dólares), Uruguay (1.700 millones de dólares), Colombia (1.300 millones de dólares) y Honduras (1.300 millones de dólares). Estos datos ponen de relieve la relevancia de las exportaciones sensibles al clima para la región.
En conjunto, los países de ALC exportaron a la UE un total de 32.000 millones de dólares en productos sujetos al DFSC en 2022, lo que representa el 22% de las exportaciones totales de la región a la UE. Para varios países de ALC, el porcentaje es aún mayor, superando el 50% en el caso de Honduras, Uruguay, Guatemala y Paraguay, como se muestra en la siguiente figura.
El gráfico anterior también muestra que los principales productos afectados a nivel regional en 2022 fueron la soja, el café y la madera, que representaron el 39%, el 24% y el 21% de las exportaciones sujetas al DFSC, respectivamente. Sin embargo, esto varía sustancialmente entre países. Para Paraguay, Argentina y Brasil, la soja es el principal producto afectado, mientras que las exportaciones de café son las más importantes para Honduras, Perú y Colombia.
El impacto del DFSC en los países de ALC depende no sólo de las exportaciones expuestas a la regulación, sino de la capacidad de cada país para cumplir con los nuevos estándares. Esta última abarca dos factores: el alcance y las tendencias de la deforestación y la degradación de tierras forestales en cada país, y la capacidad de los proveedores para certificar los productos como libres de deforestación. Para comprender cómo se posicionan los países de ALC en estas dos dimensiones es necesario examinar su compromiso con la preservación de los bosques, la disponibilidad de datos relacionados con los bosques y de información geográfica sobre la producción, la trazabilidad de los productos a lo largo de la cadena de suministro y la implementación de incentivos económicos para la preservación de los bosques.
Afrontando el desafío: Políticas en respuesta a la deforestación en la región de ALC
Los datos sobre la pérdida mundial de bosques muestran que la región se enfrenta a un desafío apremiante. Según Global Forest Review,3 cuatro países de ALC -Brasil, Bolivia, Perú y Colombia- se situaron entre el top 10 de países con más pérdidas forestales en todo el mundo en 2022 (véase la siguiente figura). Por sí solo Brasil representa el 43% del total global.
Para garantizar la preservación de los bosques, la mayoría de los países han diseñado e implementado un amplio abanico de regulaciones. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)4 mapeó más de 120 iniciativas en 21 países de ALC, que van desde sistemas de monitoreo forestal hasta sistemas de alerta temprana para prevenir y controlar los incendios y la deforestación.
No obstante, el cumplimiento de la normativa depende en gran medida de la trazabilidad de los productos sujetos al DFSC. Para identificar si un producto procede de una zona deforestada, es fundamental poder cruzar los datos de deforestación con la información sobre la producción. Muchos países han hecho esfuerzos en este sentido. Brasil ha desarrollado un registro electrónico nacional obligatorio, el "Cadastro Ambiental Rural" (CAR), que combina datos sobre propiedades rurales con información ambiental. En Argentina, los agentes del sector privado de la cadena de suministro de la soja han colaborado con ONGs ambientales y la Cámara de la Industria Aceitera para avanzar en la trazabilidad de los productos a través de la iniciativa ViSeC (Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino).
Además de los sistemas de información, países como Paraguay, Costa Rica y Colombia han introducido incentivos económicos, como los pagos por servicios ecosistémicos. Para 2020, en Colombia se habían preservado cerca de 300.000 hectáreas mediante un programa de pagos directos y condicionales a los propietarios de tierras y usuarios locales por servicios ecosistémicos.
El camino por delante
A poco más de un año de la puesta en marcha del DFSC, los países de ALC no tienen tiempo que perder. Algunas acciones inmediatas deben incluir: a) fortalecer los marcos de políticas existentes en materia de deforestación; b) profundizar la coordinación entre las distintas agencias estatales (por ejemplo, departamentos de ambiente, agricultura, industria y comercio), y c) movilizar fondos para mejoras técnicas y de capacidad. Las acciones de corto plazo necesarias para cumplir con la normativa DFSC también generarán beneficios en el largo plazo, tanto para mitigar los riesgos del cambio climático como para garantizar el desarrollo económico sostenido de los países de ALC.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores, basadas en su experiencia y en investigaciones previas, y no reflejan necesariamente las opiniones de la ONUDI (leer más).
